"Te pido disculpas, no era mi voluntad generarte un perjuicio". Para que el imputado en una causa penal le pida sinceramente perdón a su víctima, hay un largo camino. Pero la mediación es una instancia que lo puede lograr. Por primera vez en la historia de los procesos abiertos en un juzgado de instrucción de los Tribunales locales, la oficina de Mediación de la Corte Suprema de la provincia logró desactivar y resolver favorablemente una causa por estafa iniciada en 2007. En febrero de este año intervinieron los mediadores y en poco menos de dos meses homologaron un convenio entre las partes que logró poner fin al conflicto. Investigar este tipo de delito y arribar a una sentencia hubiese demandado al menos un año y medio.
Como desde hace varios años se practica en las causas de familia, comerciales o vecinales, ahora el fuero penal también puede apelar a la mediación para zanjar conflictos y evitar que se extiendan en el tiempo los procesos judiciales, con la consiguiente reducción de expedientes que abarrotan los juzgados.
Al menos así quedó estipulado en la ley provincial Nº 12.912, de febrero de 2009, que ordena la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal (ver aparte).
Con esa reglamentación vigente, el juez penal de instrucción Nº 10, Alfredo Ivaldi Artacho, evaluó que una denuncia por estafa tramitada en su juzgado desde 2007 reunía las condiciones para ser sometida a mediación, donde las partes aceptan la intervención de un tercero para resolver su disputa.
Víctima y acusado estuvieron de acuerdo, como también la fiscal Nº 4, Cristina Rubiolo (ahora fiscal de Cámaras), quien evaluó pertinente aplicar el criterio de oportunidad y prescindió de la acción penal. Estaban dadas las condiciones para comenzar la mediación.
Como uno de los requisitos es la confidencialidad, no se brindaron mayores detalles del expediente. Sin embargo, trascendió que una mujer denunció a otra por estafa, ya que le pagó una deuda -que nunca pudo cobrar- con cheques sin fondos por un valor de 64 mil pesos.
Al tomar contacto con el caso, el cuerpo interdisciplinario del Centro de Mediación de la Corte Suprema (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) puso en marcha los mecanismos tendientes a acercar a las partes. "Primero tiene que haber voluntad de los involucrados para llegar a esta instancia, y en este caso la hubo", explicó Inés Zayas, psicóloga y una de las operadoras del caso.
Se programaron entrevistas y charlas, y se monitoreó la situación. "Durante las audiencias la denunciada reconoció el daño que produjo. Y la acreedora también pudo saber y comprobar que, por más que reclamara, nunca iba a cobrar ya que la imputada vivió una realidad económica y familiar que la devastó", indicó la mediadora María Rodríguez.
Para Zayas, de esta forma el procedimiento va más allá de lo estrictamente judicial. "El perdón y el reconocimiento de la situación sólo son posibles en este contexto porque durante un juicio las partes ni siquiera se ven la cara. Una vez terminada una mediación exitosa, hay una liberación del problema, que en algunos casos puede durar años", expresó la funcionaria, que se desempeña en el área desde 1995.
Después de varias audiencias y de indagar la problemática, la damnificada sólo quiso poner fin al conflicto. Aceptó las disculpas de la persona a quien había demandado por la estafa y recibió de sus manos una cifra simbólica muy menor a la que reclamaba.
Así, desde que intervinieron los mediadores en febrero de este año, en dos meses las partes firmaron un acuerdo que fue homologado por el juzgado civil, e incorporado a la causa penal. Ivaldi Artacho firmó la resolución Nº 370 el 4 de mayo último, donde consta que las partes sellaron el acuerdo y renunciaron a proseguir con el juicio.
Por primera vez en la historia de los litigios penales de mayores en la Justicia rosarina, la intervención de los mediadores arrojó un resultado donde víctima e imputado lograron darse la mano y recomponer una situación que trasciende lo estrictamente judicial y repercute favorablemente en un entramado social cada vez más crispado por las fricciones de la vida cotidiana.
Como desde hace varios años se practica en las causas de familia, comerciales o vecinales, ahora el fuero penal también puede apelar a la mediación para zanjar conflictos y evitar que se extiendan en el tiempo los procesos judiciales, con la consiguiente reducción de expedientes que abarrotan los juzgados.
Al menos así quedó estipulado en la ley provincial Nº 12.912, de febrero de 2009, que ordena la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal (ver aparte).
Con esa reglamentación vigente, el juez penal de instrucción Nº 10, Alfredo Ivaldi Artacho, evaluó que una denuncia por estafa tramitada en su juzgado desde 2007 reunía las condiciones para ser sometida a mediación, donde las partes aceptan la intervención de un tercero para resolver su disputa.
Víctima y acusado estuvieron de acuerdo, como también la fiscal Nº 4, Cristina Rubiolo (ahora fiscal de Cámaras), quien evaluó pertinente aplicar el criterio de oportunidad y prescindió de la acción penal. Estaban dadas las condiciones para comenzar la mediación.
Como uno de los requisitos es la confidencialidad, no se brindaron mayores detalles del expediente. Sin embargo, trascendió que una mujer denunció a otra por estafa, ya que le pagó una deuda -que nunca pudo cobrar- con cheques sin fondos por un valor de 64 mil pesos.
Al tomar contacto con el caso, el cuerpo interdisciplinario del Centro de Mediación de la Corte Suprema (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) puso en marcha los mecanismos tendientes a acercar a las partes. "Primero tiene que haber voluntad de los involucrados para llegar a esta instancia, y en este caso la hubo", explicó Inés Zayas, psicóloga y una de las operadoras del caso.
Se programaron entrevistas y charlas, y se monitoreó la situación. "Durante las audiencias la denunciada reconoció el daño que produjo. Y la acreedora también pudo saber y comprobar que, por más que reclamara, nunca iba a cobrar ya que la imputada vivió una realidad económica y familiar que la devastó", indicó la mediadora María Rodríguez.
Para Zayas, de esta forma el procedimiento va más allá de lo estrictamente judicial. "El perdón y el reconocimiento de la situación sólo son posibles en este contexto porque durante un juicio las partes ni siquiera se ven la cara. Una vez terminada una mediación exitosa, hay una liberación del problema, que en algunos casos puede durar años", expresó la funcionaria, que se desempeña en el área desde 1995.
Después de varias audiencias y de indagar la problemática, la damnificada sólo quiso poner fin al conflicto. Aceptó las disculpas de la persona a quien había demandado por la estafa y recibió de sus manos una cifra simbólica muy menor a la que reclamaba.
Así, desde que intervinieron los mediadores en febrero de este año, en dos meses las partes firmaron un acuerdo que fue homologado por el juzgado civil, e incorporado a la causa penal. Ivaldi Artacho firmó la resolución Nº 370 el 4 de mayo último, donde consta que las partes sellaron el acuerdo y renunciaron a proseguir con el juicio.
Por primera vez en la historia de los litigios penales de mayores en la Justicia rosarina, la intervención de los mediadores arrojó un resultado donde víctima e imputado lograron darse la mano y recomponer una situación que trasciende lo estrictamente judicial y repercute favorablemente en un entramado social cada vez más crispado por las fricciones de la vida cotidiana.
