Mediación obligatoria y pequeñas
causas para la Justicia santafesina
Se considera a las dos instancias como instrumentos para superar diferencias entre vecinos. Los dos temas deberán ser revisados por el Senado. Reconocimiento a los profesionales de Trabajo Social.
Mario Cáffaro
mcaffaro@ellitoral.com
La Cámara de Diputados aprobó -con amplio respaldo- dos iniciativas vinculadas a la necesidad de acercar la Justicia a la población y bajar la alta conflictividad social existente en la sociedad. Se trata de la organización de los jueces comunitarios de inmediación y para pequeñas causas y la obligatoriedad del sistema de mediación utilizando, promoviendo, difundiendo y desarrollando métodos no adversariales y de desjudicialización de resolución de conflictos.
Más allá de los ampulosos títulos, en el recinto se resumió como “pequeñas causas” y “mediación”, respectivamente.
La aprobación se dio en el marco de una extensa sesión donde primaron los consensos políticos en la votación de varios proyectos de leyes e, incluso, en las manifestaciones donde los oficialistas Alberto Mauri (PDP) y Pablo Javkin (ARI) cargaron duramente contra el amparo presentado por el procurador general de la Corte, Agustín Bassó, contra las leyes que instauran la reforma procesal penal en la provincia.
La única disidencia fue el rechazo de los distintos bloques justicialistas a tratar -sobre tablas- un proyecto de la bancada radical para expresar el rechazo al programa de desendeudamiento de las provincias dictado por el gobierno nacional y la discriminación que sufre la provincia de Santa Fe. El kirchnerismo, a través de su jefe de bloque, Luis Rubeo, expresó el desacuerdo con el planteo y aseguró que no existe discriminación, mientras los otros sub-bloques justicialistas pidieron pasar el tema a comisión, destino que corrió la iniciativa no sin antes un intento de fijar preferencia para la semana próxima, también rechazado por el justicialismo.
La Cámara alteró el orden de la sesión y votó -en primer término- un mensaje del Poder Ejecutivo incorporando al ámbito de aplicación de la ley Nº 9282 (Estatuto Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad) a los licenciados en Trabajo Social. La media sanción fue saludada jubilosamente por una treintena de trabajadores del sector que desde temprano aguardó el tratamiento de la cuestión.
El proyecto determina que el ingreso al escalafón se realizará en situación de planta permanente para aquellos que hoy revisten como tales en el marco del decreto 2659/83, con adecuación de su escala salarial y carga horaria a los efectos de no afectar sus derechos adquiridos. Los oficialistas Raúl Lamberto, Santiago Mascheroni y Alicia Gutiérrez y el justicialista Mario Lacava fueron los encargados de fundar los votos de todo el arco político. El primero recordó que el dictado de la carrera se reanudó en 1986, período en que ya estaba en vigencia la ley 9282; Mascheroni dijo que la demora en tratar el tema obedeció a la necesidad de que los colegios de Santa Fe y Rosario dieran apoyo institucional a la iniciativa, mientras que Gutiérrez y Lacava admitieron que la provincia está en deuda con varias ramas de profesionales.
Más allá de los ampulosos títulos, en el recinto se resumió como “pequeñas causas” y “mediación”, respectivamente.
La aprobación se dio en el marco de una extensa sesión donde primaron los consensos políticos en la votación de varios proyectos de leyes e, incluso, en las manifestaciones donde los oficialistas Alberto Mauri (PDP) y Pablo Javkin (ARI) cargaron duramente contra el amparo presentado por el procurador general de la Corte, Agustín Bassó, contra las leyes que instauran la reforma procesal penal en la provincia.
La única disidencia fue el rechazo de los distintos bloques justicialistas a tratar -sobre tablas- un proyecto de la bancada radical para expresar el rechazo al programa de desendeudamiento de las provincias dictado por el gobierno nacional y la discriminación que sufre la provincia de Santa Fe. El kirchnerismo, a través de su jefe de bloque, Luis Rubeo, expresó el desacuerdo con el planteo y aseguró que no existe discriminación, mientras los otros sub-bloques justicialistas pidieron pasar el tema a comisión, destino que corrió la iniciativa no sin antes un intento de fijar preferencia para la semana próxima, también rechazado por el justicialismo.
La Cámara alteró el orden de la sesión y votó -en primer término- un mensaje del Poder Ejecutivo incorporando al ámbito de aplicación de la ley Nº 9282 (Estatuto Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Sanidad) a los licenciados en Trabajo Social. La media sanción fue saludada jubilosamente por una treintena de trabajadores del sector que desde temprano aguardó el tratamiento de la cuestión.
El proyecto determina que el ingreso al escalafón se realizará en situación de planta permanente para aquellos que hoy revisten como tales en el marco del decreto 2659/83, con adecuación de su escala salarial y carga horaria a los efectos de no afectar sus derechos adquiridos. Los oficialistas Raúl Lamberto, Santiago Mascheroni y Alicia Gutiérrez y el justicialista Mario Lacava fueron los encargados de fundar los votos de todo el arco político. El primero recordó que el dictado de la carrera se reanudó en 1986, período en que ya estaba en vigencia la ley 9282; Mascheroni dijo que la demora en tratar el tema obedeció a la necesidad de que los colegios de Santa Fe y Rosario dieran apoyo institucional a la iniciativa, mientras que Gutiérrez y Lacava admitieron que la provincia está en deuda con varias ramas de profesionales.
